CARTAS AL DIRECTOR

Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, 14 de mayo de 2020.

Reos indultados

Señor Director:

Numerosos reos beneficiados por la Ley de Indulto General Conmutativo han vuelto a delinquir.

Al respecto llama la atención que no hayan sido indultados los militares, carabineros y policías que están cumpliendo penas de prisión en diversos establecimientos carcelarios del país aquejados por enfermedades graves o que tienen un menoscabo físico o mental irrecuperable que les provoca una dependencia severa; que tienen una edad avanzada y están en el último período de sus vidas; que durante más de cuarenta años han mantenido una conducta intachable; que no constituyen un peligro para la sociedad; que no tienen posibilidad alguna de reincidir y que fueron condenados sin serles respetado el derecho humano a un debido proceso.

                      Atentamente le saluda.

                                                                             Adolfo Paúl Latorre

                                                                                      Abogado

Tribunal Constitucional

Señor Director:

          El diputado Hugo Gutiérrez afirmó que el Tribunal Constitucional es un tribunal manejado por la derecha, que resuelve de manera política.

          Si lo fuese, no habría fallado en numerosas ocasiones a favor de la posición sustentada por el gobierno de la presidente Bachelet.

Tampoco habría rechazado los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de normas que son absoluta y manifiestamente inconstitucionales, puesto que vulneran gravísimamente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso, y cuya aplicación perjudica a los militares, carabineros y policías acusados de violación a los derechos humanos.

Me refiero a la disposición constitucional octava transitoria y al artículo 483 del Código Procesal Penal, que permiten la aplicación del antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo —un sistema que le veda a los imputados el derecho a una adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial—; normas que fueron dictadas para regular la implementación gradual o progresiva del nuevo sistema procesal penal en las diversas regiones del país, pero una vez que éste entró en pleno vigor en todo el territorio nacional —el 16 de junio del año 2005— quedaron sin una razón que las justifique y solo establecen una discriminación arbitraria, lo que nuestra Carta Fundamental prohíbe.

                              Atentamente le saluda.

                                                                                  Adolfo Paúl Latorre

                                                                                           Abogado

Viña del Mar, 7 de mayo de 2020.

Justicia y clemencia

Señor Director:

No hay justicia cuando se condena a un imputado: a) Sin estar debidamente acreditado el delito y existiendo dudas razonables de que realmente hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él le hubiere correspondido una participación culpable; b) Sin respetar los derechos humanos a la presunción de inocencia y a un debido proceso; c) Vulnerando leyes expresas y vigentes; d) Violando garantías constitucionales, tales como los principios de legalidad y de igualdad ante la ley; e) Que cumplía órdenes que no podía desobedecer; f)  Que era muy joven en la época en que ocurrieron los hechos y habiéndose cumplido con creces los plazos de prescripción de la acción penal (justicia tardía no es justicia); g) Por hechos reprochables cometidos por motivaciones políticas durante una época de enorme convulsión social y que en una situación de normalidad no habrían ocurrido; h) Aplicando retroactivamente normas legales o de tratados internacionales; i) Aplicando convenios internacionales que no han sido ratificados por Chile; j) Que es inocente del delito que le fue imputado o que está libre de culpa o exento de responsabilidad criminal; k) Que no constituye un peligro para la sociedad y que no tiene posibilidad alguna de reincidir.

Se ignora la clemencia cuando se les niegan beneficios humanitarios a personas aquejadas por enfermedades graves o de edad muy avanzada o que tienen un menoscabo físico o mental irrecuperable que les provoca una dependencia severa; y que durante más de cuarenta años han mantenido una conducta intachable.

                      Atentamente le saluda.

                                                                                  Adolfo Paúl Latorre

                                                                                           Abogado

---------------

Estimados amigos:

Adjunto un documento de Víctor Farías que podría ser de vuestro interés, el que dice relación con el “estallido terrorista” del 18 de octubre de 2019 y la insurrección revolucionaria en curso. 

En este documento —redactado por la Comisión Política del Movimiento de Acción popular Unitaria (MAPU)— se describen la organización de la lucha revolucionaria, sus principios orientadores y objetivos estratégicos y políticos, la preparación y el uso de elementos de combate, las técnicas de acción de masas, el enfrentamiento armado y la aplicación de una decidida y muy radical actividad violentista a fin de alcanzar el poder total y asumir el control completo de la sociedad.

Estas mismas técnicas y procedimientos está siendo aplicados por quienes está llevando a efecto la violenta insurrección revolucionaria que está siendo llevada a efecto en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, con el apoyo de sectores políticos y de congresistas de izquierda que votaron por la destitución del Presidente de la República. 

Adjunto, además, un documento de mi autoría titulado “Militares prisioneros”.

Cordiales saludos.

Adolfo Paúl Latorre

 

Víctor Farías. Anexo a su obra “La izquierda chilena (1969-1973)”:  http://data.axmag.com/data/202005/20200516/U161408_F564484/HTML5/index.html

 

MILITARES PRISIONEROS 1

No podemos callar ante la inicua persecución política en sede judicial de la que están siendo víctimas los militares, carabineros y policías que se vieron obligados a afrontar la violencia revolucionaria de fines del siglo pasado y que salvaron a Chile de caer bajo las garras de un régimen político totalitario; que es lo mismo que persiguen quienes están llevando a cabo un proceso de insurrección revolucionaria en nuestra patria (proceso que actualmente se halla “en pausa", debido a la pandemia del coronavirus). Lamentablemente, las escasas personas que se atreven a denunciar públicamente la referida persecución, dentro del ámbito de una justicia prevaricadora, son objeto de la “estrategia del silencio” —nadie publica ni refuta las verdades que denuncian—, lo que sumado a la enorme campaña comunicacional de los sectores de izquierda y a la pusilanimidad o cobardía de los de derecha (y a su complicidad, en muchos casos), ha logrado hacer creer a la mayor parte de la población —especialmente a los jóvenes que no vivieron el desastre de la Unidad Popular— que los militares presos son culpables de graves crímenes —de “delitos de lesa humanidad”, como se repite majaderamente por moros y cristianos (mentira que de tanto repetirse ha pasado a convertirse en verdad)— y que fueron justamente condenados al término de un debido proceso legal. Este proceso de desprestigio y de destrucción moral de las FF.AA. y Carabineros, sumado al "discurso de los derechos humanos" —que es un arma estratégica del comunismo para inhibir a las autoridades de gobierno a hacer uso de la violencia legítima del Estado, a fin de cumplir con sus funciones u obligaciones esenciales de conservación del orden público, de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y de promover el bien común—, tiene como propósito eliminar la resistencia que le podrían presentar tales cuerpos armados a los insurrectos (subversivos, anarquistas, narcotraficantes, “barras bravas”, vándalos, guerrilleros, terroristas, etc.) —como ocurrió en 1973— y así allanarles el camino para el cumplimiento de sus diabólicos designios sin mayores obstáculos. Los insurgentes podrían alcanzar sus objetivos de lograr el poder total incluso sin hacer uso de las armas que tienen en su poder y que están guardadas "por si las moscas" —como dijo Luis Corvalán Lepe, secretario general del Partido Comunista de Chile—, puesto que los militares y carabineros están sometidos a unas Reglas de Uso de la Fuerza tan absurdas y restrictivas (según el decreto que las establece los militares solo podrán usar sus armas de fuego en legítima defensa y en el caso de que recintos militares o instalaciones de la infraestructura crítica sean atacados por “personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales”) que prácticamente no pueden hacer uso de armas letales —única forma de vencer a quienes no se les puede convencer con razones—; lo que los deja sin capacidades disuasivas o represivas. Así, al no tener nada que constituya una resistencia efectiva, los subversivos y terroristas quedan con una amplia libertad de acción para saquear, incendiar y destruir el país. A lo anterior se suma la renuencia de los miembros de los cuerpos armados para usar sus armas por el temor a que después de pasada la emergencia sean sometidos a simulacros de juicio y condenados a severas penas de presidio por “violar los derechos humanos”, como le ha ocurrido a quienes los precedieron. Estamos ante una “tormenta perfecta”. Recientemente fue promulgada una ley de indulto general conmutativo, en la que se excluyó a

--------------------------------

1 Artículo elaborado sobre la base de las siguientes publicaciones del autor: Política y Fuerzas Armadas, El Roble, segunda edición, abril de 2015, 580 páginas; Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, El Roble, tercera edición, marzo de 2015, 761 páginas; Prevaricato. Análisis crítico de procesos judiciales contra militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria, El Roble, primera edición, septiembre de 2017, 194 páginas; La disposición constitucional octava transitoria es inconstitucional, El Roble, primera edición, mayo de 2018, 200 páginas.

--------------------------------

los militares, carabineros y policías que cumplían con los requisitos generales, porque estaban condenados por “delitos de lesa humanidad” y que según el derecho internacional quienes estaban privados de libertad por tal clase de delitos no podían ser ni amnistiados ni indultados ni favorecidos con otro tipo de beneficios. Esto no es efectivo, aparte de inhumano; puesto que ellos, en su mayoría, están gravemente enfermos, no pueden valerse por si mismos (deben ser auxiliados por sus compañeros de celda hasta para ir al baño) y ni siquiera saben en qué mundo viven. Tal argumento fue avalado por la mayoría de los ministros del Tribunal Constitucional. Si bien los “delitos de lesa humanidad” son imprescriptibles, lo cierto es que no existen normas de derecho interno ni de convenciones o de tratados internacionales —ni siquiera en aquellos que se refieren específicamente a esa clase de delitos— que establezcan que tales delitos son inamnistiables —es decir, que prohíban el perdón entre hermanos— o inindultables y que los condenados por esos delitos no pueden ser objeto de beneficios; Por otra parte, en Chile no existen personas condenadas por “delitos de lesa humanidad”, puesto que ningún hecho delictivo cometido antes del 18 de julio de 2009 puede ser calificado como delito de lesa humanidad, ya que tal clase de delitos fue tipificada por la ley 20.357 que entró en vigor el 18 de julio de 2009 y por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que entró en vigor en Chile el 1 de septiembre de 2009); instrumentos jurídicos que disponen, expresamente, que no pueden ser aplicados retroactivamente. Además, los hechos que les han sido imputados a los militares no cumplen con el requisito del tipo penal “lesa humanidad”; pues no fueron cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, sino que contra combatientes armados y entrenados militarmente que actuaban según el concepto, las reglas y el método de la guerra revolucionaria o de la insurrección popular armada; es decir, contra personas determinadas o grupos específicos armados que llevaban a efecto una cruenta guerra subversiva. Los terroristas y guerrilleros urbanos o rurales no eran “población civil”, sino que combatientes de un ejército irregular vestidos de civil que estaban dispuestos a matar y a morir por la revolución y que cayeron dentro del marco de la guerra subversiva, lo que es muy diferente. A lo anterior cabría agregar que los militares, carabineros y policías que están cumpliendo penas de presidio fueron condenados por supuestos hechos reprochables cometidos por motivaciones políticas durante una época de enorme convulsión social y que en una situación de normalidad no habrían ocurrido; es decir por "delitos políticos", no comunes ni de lesa humanidad. Nos parece bien que los militares, carabineros y policías que están cumpliendo penas privativas de libertad no hayan sido incluidos en el referido proyecto de indulto general conmutativo —que conmuta la pena de presidio por arresto domiciliario total; que es, igualmente, una pena privativa de libertad—, por cuanto no se aprecian motivos de política criminal que exijan o que justifiquen que tales personas —que con riesgo de sus vidas debieron afrontar la violencia revolucionaria, el terrorismo y la cruenta guerra subversiva de los años 70 y 80— deban terminar de cumplir sus condenas bajo un régimen de encierro. A ellos debería concedérseles el indulto pleno respecto de la parte de la pena que no haya sido ya cumplida. Lo antedicho se fundamenta en el hecho de que los militares que están cumpliendo penas privativas de libertad fueron condenados: a) Por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes; tales como la de amnistía (D.L. 2191 de 1978), las relativas a la cosa juzgada, a la prescripción de la acción penal, etc.; b) Violando numerosas garantías constitucionales, tales como el principio de legalidad o el de igualdad ante la ley; c) Sin respetar el derecho humano a un debido proceso, lo que en cualquier país civilizado es razón suficiente para declarar nula la sentencia; d) Por cumplir órdenes que no podían desobedecer y siendo muy jóvenes en la época en que ocurrieron los hechos; e) Sin estar debidamente acreditados los delitos —sobre la base de presunciones, “ficciones jurídicas” y otras artimañas— y existiendo dudas razonables de que realmente hubieren cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él les hubiere correspondido una participación culpable y penada por la ley; f) Por hechos reprochables cometidos por motivaciones políticas durante una época de enorme convulsión social y que en una situación de normalidad no habrían ocurrido; es decir por "delitos políticos", no comunes o “de lesa humanidad”; g) Aplicando retroactivamente normas legales o de tratados internacionales dictadas con posterioridad a la ocurrencia de los hechos; h) Aplicando tratados o convenios internacionales que no han sido ratificados por Chile o interpretándolos torcidamente (por ejemplo, que los militares prisioneros no han cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 110 del Tratado de Roma la Corte Penal Internacional para ser elegibles al beneficio del indulto; en circunstancias que dicho artículo se refiere a la reducción de la pena, institución jurídica ajena al indulto conmutativo o a los beneficios carcelarios); i) Siendo inocentes de los delitos que les fueron imputados, estando libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal; j) Sin que constituyan un peligro para la sociedad. Finalmente cabría agregar que el Presidente de la República tiene, y lo ha tenido tradicionalmente, la facultad para otorgar indultos particulares; facultad que apunta a abrir espacio a la misericordia por razones humanitarias, a corregir el error judicial y a rectificar sentencias injustas o dictadas contra leyes expresas y vigentes. Especialmente por esto último, por la oposición de los sectores de izquierda —que son mayoría en el Congreso y que se oponen a la dictación de cualesquiera norma legal que beneficie a los militares; las que sí han sido dictadas profusamente para favorecer a terroristas que han cometido gravísimos crímenes— y por las razones precitadas, el presidente Piñera debería hacer uso de tal facultad e indultar a todos los militares, carabineros y policías que están privados de libertad o, en el peor de los casos, conmutarles la pena por la libertad condicional.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

 

Publicada en el Diario Constitucional y en VivaChile.org el 17 de abril de 2020

Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro - ASOFAR AG
Esmeralda 1074 - Oficina 401. Valparaíso | Fono:(56-32)2254314