MULTIGREMIAL FACIR - Observatorio Militar y Policial de Derechos Humanos

Señor

Eugenio Ortega Frei

Presente

En carta al lector de El Mercurio del 20 de febrero, titulada: La ¨sofisticación¨ de la dictadura, usted repasa una serie de antecedentes; muy impactantes por cierto, de hechos que se dice fueron cometidos por la “dictadura militar” o “dictadura de Pinochet” como muchos prefieren llamarla.  No podemos dejar de hacer notar que varios de esos hechos que usted relata, son “Verdades Jurídicas” a las que arribó el Juez Don Alejandro Madrid Croharé, el mismo juez que por 16 largos años investigó el fallecimiento de su abuelo, en otras causas como las que usted mismo nos recuerda, como por ejemplo la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Una “Verdad jurídica”, como indica el periodista, investigador y escritor chileno don Ascanio Cavallo, en el lógico análisis expuesto en su columna del 2 de febrero de 2019 en La Tercera de la sentencia del Juez Madrid por el fallecimiento del ex Presidente Don Eduardo Frei Montalva, indica que no es igual que la Verdad Verdadera. La mayor parte de esos hechos que usted hace presente son “Verdades Jurídicas” a las que llegó el juez Madrid básicamente en base a “presunciones”, violando abiertamente los artículos 108, 109 y 488 del Código de Procedimiento Penal, propias del inquisitivo procedimiento penal antiguo. De hecho, lo dice el señor Ascanio Cavallo en su reportaje:

“Algunos penalistas sostienen que en el procedimiento penal antiguo lo más importante son las presunciones. La principal del juez Madrid es que en el momento de la muerte de Frei el régimen militar ya no podía cometer crímenes tan resonantes como los de Prats o Letelier. Debía ser más sofisticado. Pero apenas un mes después, en el mismo verano del 82, Tucapel Jiménez fue asesinado por la misma CNI con los métodos más bárbaros que se recuerde, y abandonado en su propio taxi para que fuera notorio”.

Un sistema penal que se encuentra derogado por el nuevo “Sistema Procesal Penal”, por ser definitivamente arcaico e injusto, pero no para las causas relacionadas con supuestos atropellos a los Derechos Humanos cometidos durante el Gobierno Militar. Un sistema, que en forma muy certera define el abogado Don Adolfo Paul Latorre en uno de sus libros: “Dicho sistema posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, que no satisface las exigencias del debido proceso, que no respeta derechos y garantías fundamentales de los imputados, que no aplica la presunción de inocencia, que penaliza informalmente dada la alta incidencia de la prisión preventiva, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado de Derecho y, además injusto, lento y carente de las necesarias condiciones de imparcialidad, al asumir un mismo juez las funciones persecutorias y juzgadoras”.

Pero asintamos que este antiguo sistema procesal es muy cómodo, donde el procesado no tiene las más mínimas garantías de un juicio justo, ¿y por qué?, por el simple hecho de que quienes son juzgados son personas que estuvieron relacionadas con el Gobierno Militar. 

Este es el sistema penal a través del cual se investigó por 16 años el fallecimiento de su abuelo. El mismo sistema procesal que se aplica a miles de Militares que sirvieron en el período del Gobierno Militar y que hoy cumplen prisión o están sometidos a interminables causas judiciales, sabiendo de antemano que serán acusados de los delitos que se les imputan, porque a nadie más que a sus familias le interesa su destino. 

Y consecuentemente también le interesa al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a lo que llamamos la “Industria de los DD.HH.”, que está atenta a cada una de esas causas judiciales, porque de ellas derivarán suculentas indemnizaciones y el pago de los servicios a abogados y a una inmensa cantidad de personas anexas que están detrás de esta lucrosa industria: secretarios, ayudantes, investigadores, periodistas, etc.

Señor Ortega, es muy fácil echar mano a las “atrocidades” cometidas por los “agentes del Estado” del Gobierno Militar, para PRESUMIR, que su abuelo fue asesinado por la “dictadura”. Es un negocio redondo, ya que por decenas de años se ha inoculado nuestras mentes con mentiras y mitos que de tanto ser repetidas han terminado por asumirse como verdaderas, como se lo hemos hecho saber a su madre y al juez Madrid en cartas anteriores.     Por lo mismo es que, no obstante que en la extensa y sesgada sentencia del juez Madrid no le fue posible calificarlo de esa manera y usted, su familia y el partido democratacristiano insisten en calificar la muerte del ex Mandatario como un “Magnicidio cometido por agentes del Estado”.

El problema señor Ortega es que en este caso, existen sentenciados que son prestigiosos médicos y los médicos de Chile, son personas solidarias y leales, que no permitirán que esta burda “Verdad Jurídica” triunfe.

Terminamos recordando el párrafo final de la columna de Don Ascanio Cavallo a la que hemos hecho referencia:

“Hay una verdad verdadera que no está en el laborioso fallo del juez Madrid ni en las ceremonias que se iniciaron minutos después de que lo liberara. ¿Alguien se interesará en ella?”.

A Dios gracias, por el bien del futuro de nuestro país, sí existen personas a quienes les interesa: a la gran mayoría de los médicos de Chile que ven con horror e indignación como miembros de su gremio son injustamente acusados por un sistema judicial inquisidor.

Le saludan atentamente,

Luis Niemann Figari

Guillermo García Lemaitre

Juan Manuel García Palma

José Martínez Ibarra

Observatorio Militar y Policial de Derechos Humanos

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